La presidenta de la Diputación anuncia que en el Presupuesto de 2017 se incluirán medidas de recuperación del medio rural

15/11/2016, Cáceres.- La presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, frente a la idea de que las competencias de las diputaciones provinciales son meramente complementarias y de ayuda a servicios básicos, ha querido redefinirla de forma “mucho más compleja”, adaptándose así a la actualidad y a la realidad, por lo que se ha referido a ellas como las instituciones que pueden “garantizar la resilencia del medio rural, de los pueblos y de las personas que los habitan, participando en la proyección de su desarrollo sostenible y en la gestión de los servicios básicos. Por su puesto -ha puntualizado- en cooperación y complementariedad con el resto de administraciones públicas y con las organizaciones públicas y privadas del territorio”.
Así lo ha puesto de manifiesto, este martes, durante su intervención en las Jornadas sobre las Diputaciones Provinciales, organizadas por el Área de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. En su conferencia, titulada “La Diputación de Cáceres: funcionalidad y compromiso con la provincia”, Charo Cordero ha anunciado el compromiso de su Equipo de Gobierno de actuar de forma real por frenar la tendencia al despoblamiento de los pueblos de la provincia, “y para que sea real y concreto -ha dicho- debe figurar en el Presupuesto General y así aparecerá en el del Ejercicio 2017”. A la consecución de este objetivo se dirigirán las acciones de todas las áreas, ya sea Desarrollo Territorial, Cultura, Infraestrucutras, Turismo Sostenible, etcétera.
A este respecto, ha puesto como ejemplo acciones que promuevan un desarrollo inclusivo, una agricultura ecológica y sostenible, el patrimonio como base del desarrollo, inversión industrial, de creación y diseño de nuevos productos, nuevas infraestrucutras, que favorezcan la permanencia de la población en el mundo rural, consumo de energías limpias, acceso a los servicios de conectividad y redes wifi…
Acciones en torno a las cuales se trabajará también, ha recordado, desde la Comisión que se ha creado para gestionar el Pacto Político y Social en el marco de las Estrategias de Desarrollo Sostenible contra el Despoblamiento, al que se comprometieron Diputaciones, fuerzas políticas, mancomunidades, grupos de Acción Local y otras organizaciones en el Congreso sobre Despoblamiento en Zonas rurales, que se celebró recientemente en Montánchez.
Con estos argumentos, la presidenta de la Diputación de Cáceres ha criticado duramente la ley de Haciendas Locales y las normativas desarrolladas por el actual Gobierno central “que, siguiendo anticuadas estructuras mentales de legisladores y gobernantes, sigue pensando que la misma receta para todos es la solución, solución simplista -ha querido puntualizar-, para sanear las cuentas públicas”.
“Nadie en el campo médico -ha continuado-, aplicaría la misma terapia a diferentes enfermedades y, sin embargo, en el campo de la administración se aplica terapia dura también a quien tiene sus cuentas perfectamente saneadas”. Un hecho que, en más de una ocasión, ha denunciado públicamente, “porque la Diputación de Cáceres tiene sus cuentas como una patena”, y, sin embargo, no puede hacer uso de sus remanentes como quisiera, para la inversión en favor del progreso y del desarrollo económico de los pueblos, por las limitaciones y la falta de flexibilidad legal.
En defensa absoluta por las instituciones como la que ella preside, Charo Cordero ha insistido en las necesidades que tiene una provincia como la de Cáceres, compuesta por pueblos de pequeños tamaño, y las dificultades que acarrea garantizar las prestaciones. Ante estas dificultades, sin embargo, está la Diputación con servicios como asistencia jurídica, económica y técnica, servicios de secretaría e intervención, apoyo a la tesorería y financiación de los ayuntamientos, gestión de la recaudación tributaria, prestación de los servicios de tratamiento de residuos, servicio de prevención y extinción de incendios o apoyo técnico a los ayuntamientos en muchas de sus necesidades. A esto se añadirían las ayudas económicas para infraestructuras, cultura, deporte, igualdad, servicios sociales… En definitiva, ayudas para conseguir una “Diputación Inclusiva”.