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El Pleno ratifica el nuevo Acuerdo-Convenio para los trabajadores de la Diputación
28/11/2013-. La Diputación de Cáceres ha celebrado este jueves el pleno ordinario del mes de noviembre donde se ha ratificado por unanimidad el Acuerdo-Convenio consensuado con todos los representantes sindicales de la Mesa General de Empleados Públicos (GID, CSIF, TECAE, UGT, CC.OO y USO) y firmado el pasado 13 de noviembre. Regirá las relaciones laborales de los más de 900 trabajadores de la Institución durante los próximos dos años, prorrogable uno más.
El portavoz del equipo de Gobierno, Saturnino López Marroyo, ha anunciado que entrará en vigor el 1 de enero de 2014 y ha valorado que el acuerdo “llega, tras más de 7 años de desencuentros, gracias a la búsqueda del consenso que ha primado entre todas las partes durante las más de veinte reuniones mantenidas desde la pasada primavera”. Entre las novedades de la nueva norma destaca que todos los trabajadores de la Diputación estarán amparados por el Acuerdo-Convenio, anteriormente se excluía a los trabajadores de proyectos europeos. Se amplía la partida de formación para trabajadores en un 5 %, que estaba congelada desde el año 2009 y, además, los procesos de selección del personal gozarán de mayor transparencia al incluir a los sindicatos como observadores en las pruebas selectivas.
Disolución Medio XXI y creación Servicio Medioambiental
La Corporación también ha dado el visto bueno, con el voto en contra del Grupo Socialista, a la disolución provisional del Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Provincia de Cáceres, Medio XXI, de cuyas competencias se hará cargo directamente la Diputación de Cáceres a través de un nuevo Servicio de Gestión Ambiental que se creará dentro del Área de Infraestructuras y Cooperación Municipal. López Marroyo ha aclarado que “no habrá una merma en las prestaciones que ha venido recibiendo la población, al contrario, pasaremos a atender a la totalidad de los municipios y mancomunidades de la provincia, en lugar de sólo a los 137 municipios, 2 mancomunidades y una entidad local menor consorciados que se atendía ahora”.
Esta es una de las medidas contempladas en el Plan de reordenación y racionalización del sector institucional aprobada por ambos grupos políticos, PSOE y PP, en el Pleno ordinario de 31 de mayo de 2012. El objetivo, según el portavoz del Gobierno provincial, es “evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa”.
Inversiones en Ciclo Integral del Agua e Infraestructuras
Además, se han aprobado por unanimidad dos puntos sobre nuevas actuaciones en el Plan “Mejora de calidad del ciclo integral del agua” y en el Plan “Mejora de la capacidad, calidad y seguridad de las infraestructuras del transporte” financiadas ambas con los remanentes generados en anteriores programaciones.
El plan “Mejora de calidad del ciclo integral del agua” supuso una inversión de 5.193.646,49 euros durante los años 2.011, 12 y 13 en 69 municipios de la provincia y generó un remanente de 677.460,42 euros que ahora, según explica López Marroyo, “se empleará en seis municipios: Aldehuela de Jerte, Pradochano, Valdeobispo, Santa Marta de Magasca, Viandar de la Vera y Mohedas de Granadilla, con la misma finalidad que los anteriores planes de sustituir las tuberías de fibrocemento por otras de más calidad desde un punto de vista sanitario y con las mismas características, es decir, cero euros de aportación local e imposibilidad de conceder la encomienda de las obras”.
La elección de los municipios se ha realizado de acuerdo con las prioridades que los propios municipios han manifestado en las encuestas de infraestructuras y teniendo en cuenta que deben ser, según el propio proyecto, pueblos menores de mil habitantes que no se hayan beneficiado ya del Plan en anualidades anteriores.
En cuanto al plan Mejora de la capacidad, calidad y seguridad de las infraestructuras del transporte supuso una inversión de 4.445.012,76 euros durante los años 2.011 y 12 en 17 actuaciones en la red de carreteras provincial y generó un remanente de 1.293.185,24 euros que “ahora emplearemos en cinco actuaciones, también con la misma finalidad de anteriores programas, en cuanto a mantener y mejorar las comunicaciones entre localidades, equilibrar el territorio y mejorar el nivel de vida y el desarrollo económico de la provincia”. Las carreteras donde se actuará son las siguientes: CC-231 (Torrecillas de la Tiesa-A5); CC-151 (Alía-Castilblanco); CC-61(Gata-EX109); CC-56 (Santibáñez el Alto-EX 205); CVTrujillo-cruce de Belén (Carretera de “Los Perales”).
Amortización de deuda
La Corporación también ha aprobado por unanimidad destinar el superávit de casi dos millones de euros a amortizar deuda por imperativo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El portavoz del Gobierno ha explicado que “esto es útil para reducir los números de endeudamiento y limpiar nuestras cuentas, pero supone un problema al no poder destinar ese dinero a otras acciones, como, por ejemplo, inversiones”.
López Marroyo ha recordado que “el equipo de gobierno pretendía hacer uso de los 1,89 millones de euros que quedaron del remanente de tesorería del año 2012 en inversiones. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no lo permite debido a la deuda viva provincial de 68,8 millones de euros que acumula por préstamos, devolución de liquidaciones negativas y leasings. Por este motivo, tenemos que dedicarlo a reducir la deuda financiera de la Institución Provincial”. Al mismo tiempo, la reducción de la deuda con las entidades bancarias tendrá el efecto de reducir las necesidades de las arcas municipales de acudir a los bancos en busca de más préstamos, aunque “hay que recordar que este equipo de gobierno ya ha confeccionado tres presupuestos sin necesidad de acudir a la concertación de operaciones de créditos”, ha añadido.
Escudo de la Diputación
Por último, el pleno ha aprobado, con los votos en contra del PSOE, una propuesta para que la Institución tenga un escudo propio. Se da la circunstancia de que la Diputación no tiene este distintivo heráldico y el que se ha venido utilizando pertenece en realidad al ayuntamiento de Cáceres. Por este motivo, se ha retomado un estudio heráldico realizado por el investigador Antonio Floriano Cumbreño en 1975 y el estudio histórico, llevado a cabo hace 32 años para este fin por Santos Benítez Floriano, Cronista Oficial de Cáceres y Jefe del Servicio de Turismo de la Diputación. Además, se ha encargado un nuevo estudio heráldico a Abelardo Muñoz, Diplomado en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria, para que elaborara la propuesta final.
El portavoz ha detallado que “aunque parte del estudio estaba hecho hace muchos años ninguna corporación se había decidido a aprobarlo definitivamente en un pleno por lo que se daba la paradoja de que la Diputación ha venido usando el escudo de la ciudad de Cáceres en el que no estaba representada el resto de la provincia”. La propuesta de escudo de Abelardo Muñoz recoge los blasones de las cabeceras de las comarcas naturales de la provincia: Cáceres, Plasencia, Trujillo, Navalmoral de la Mata y Coria a los cuales se añade la cruz de la Orden de Alcántara por las singulares resonancias que ha tenido esta institución en la historia de la provincia. Este escudo podría sufrir alguna modificación ya que el presidente de la Diputación, Laureano León, se ha mostrado dispuesto a llegar a un consenso con la oposición tras la negativa inicial del Grupo Socialista a aprobarlo en pleno.
Junta de Gobierno
En cuanto a la Junta de Gobierno, se ha aprobado un convenio con la Asociación de la Prensa para colaborar con 3.000 euros en la concesión de los premios Pata Negra y Pezuña y la presentación del Anuario 2.012, otro con el Ayuntamiento de Plasencia para colaborar con 23.000 euros en la impartición de las asignaturas de canto y púa en el Conservatorio “García Matos” y se ha acordado la subvención de 98.579 euros al fomento de 12 agrupaciones de 24 entidades locales para el sostenimiento en común de un puesto de Secretaría-Intervención.
